Así lo explicó la consejera de Industria, Minerva Alonso, tras reunirse con los técnicos municipales y representantes de las zonas industriales que están interesadas en crear estas entidades público-privados para gestionar los recursos de conservación de cada área y marcar las prioridades de actuación de cada zona de manera conjunta, lo que ha dado grandes resultados en las experiencias existentes.

Así, las áreas con las que se trabajará en un primer momento, y que en el estudio mostraba como las que tenían mayor problemática, además de destacar el impacto que su mejorable estado supone en la economía insular, son Cruz de La Gallina y El Goro (Telde), San Isidro (Gáldar), El Sebadal en (Las Palmas de Gran Canaria), Lomo Flor y Las Carreñas (Valsequillo) y El Doctoral (Santa Lucía).

El objetivo de esta acción es trabajar para que las zonas industriales sean potentes y su desarrollo repercuta en la mejora de las condiciones económicas de Gran Canaria, apuntó la consejera.

El trabajo de la asistencia técnica consistirá en la creación de un protocolo de actuación que será consensuado con los ayuntamientos, poseedores de las competencias en los ámbitos urbanísticos y de ordenación del territorio en estas áreas, y que marcará los pasos a seguir para la creación de estos entes de gestión.

Cada zona presenta unas características determinadas a las que el protocolo se ajustará para hacer posible la constitución del ente, tanto de las áreas que ya han realizado trámites para esta constitución, como las que las que aún no han sido recepcionadas por su ayuntamiento, trámite necesario para crear la figura.

El objetivo no es solo que estas siete zonas puedan contar con su entidad en 2018, sino otras que quieran sumarse al procedimiento, lo que redundará en su mejora y la del conjunto de Gran Canaria.